16 / 20 aciertos

Explicación: El artículo 39.2.d exige acumulativamente los dos requisitos descritos para que la inobservancia del plazo de formalización determine la nulidad de pleno derecho. No basta el mero incumplimiento del plazo; la carencia de crédito (letra b) y la declaración del TJUE (letra g) son supuestos de nulidad distintos.

Explicación: El artículo 38.b vincula la invalidez de los actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación a la concurrencia de causas de derecho administrativo de los artículos siguientes. La opción del derecho civil corresponde al apartado a) y la de la ilegalidad del clausulado al apartado c), por lo que son distractores referidos a otros supuestos distintos.

Explicación: El artículo 42.1 establece que la declaración firme de nulidad de los actos preparatorios o de la adjudicación arrastra la del propio contrato, que entra en liquidación con restitución recíproca de lo recibido o de su valor. La opción de afectar solo a actos no preparatorios corresponde al apartado 2; la continuación de efectos del apartado 3 es excepcional y limitada (no indefinida) ante grave trastorno al servicio público; y el apartado 4 es una posibilidad adicional, no la condición general.

Explicación: Según el artículo 41.4, la competencia para declarar nulidad o lesividad se entiende delegada conjuntamente con la competencia para contratar, salvo determinación expresa en contrario; pero la facultad de acordar una indemnización por perjuicios en caso de nulidad NO es susceptible de delegación y debe resolverla en todo caso el órgano delegante. Las demás opciones sí se entienden delegadas o se rigen por otras reglas.

Explicación: El artículo 3.2.a) considera Administraciones Públicas a las entidades de las letras a), b), c) y l) del apartado primero. Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social son la letra b) y, por tanto, sí son Administración Pública. Las sociedades mercantiles (letra h), las Entidades Públicas Empresariales (letra g) y los fondos sin personalidad jurídica (letra i) no están incluidos entre las letras remitidas, por lo que no tienen tal consideración.

Explicación: El artículo 25.1 condiciona el carácter administrativo de esos contratos a que 'se celebren por una Administración Pública'. La regulación armonizada y los umbrales no son el requisito que determina el carácter administrativo, y los poderes adjudicadores que no sean Administraciones Públicas celebran contratos privados (art. 26.1.b).

Explicación: El artículo 20.1 fija expresamente el umbral en 5.404.000 euros para los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios. Las demás cifras no aparecen en el precepto: 1.000.000 euros es el límite por debajo del cual pueden exceptuarse lotes (art. 20.2), no el umbral SARA.

Explicación: El artículo 39.1 remite expresamente al artículo 47 de la Ley 39/2015 para las causas de nulidad de derecho administrativo. El artículo 48 de la Ley 39/2015 se cita en el artículo 40 para la anulabilidad, las demás infracciones son anulabilidad (art. 40) y las del derecho civil corresponden al artículo 43, por lo que son distractores inequívocamente incorrectos.

Explicación: El artículo 3.3 enumera como poderes adjudicadores a las Administraciones Públicas, las fundaciones públicas, las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, las entidades creadas para satisfacer necesidades de interés general no industriales ni mercantiles bajo control público, y las asociaciones constituidas por ellas. Las Mutuas colaboradoras figuran expresamente en la letra c). Las sociedades mercantiles y los fondos sin personalidad jurídica no aparecen en la lista del apartado 3, y las organizaciones empresariales solo quedan sujetas cuando cumplan los requisitos de la letra d) del apartado 3, no en todo caso.

Explicación: El artículo 1.1 fija como objeto regular la contratación del sector público para garantizar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. Las demás opciones restringen indebidamente el objeto (solo obras, solo contratos subvencionados) o aluden a materias ajenas (organización interna y personal) no recogidas en el precepto.

Explicación: El artículo 26.1.b) califica como privados los celebrados por entidades del sector público que, siendo poder adjudicador, no reúnan la condición de Administraciones Públicas. Las restantes opciones describen contratos administrativos (obra, concesión de servicios y contratos administrativos especiales celebrados por una Administración Pública).

Explicación: El artículo 22.1.c) establece un umbral específico de 750.000 euros para los contratos cuyo objeto sean los servicios sociales y otros servicios específicos del anexo IV. Los 140.000 euros (letra a) y los 216.000 euros (letra b) son los umbrales generales según el sujeto contratante, no los aplicables a estos servicios específicos.

Explicación: El artículo 27.2.a) atribuye al orden civil las controversias sobre efectos y extinción de los contratos privados de entidades que sean poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Públicas, salvo las modificaciones contractuales de las letras b) y c) del apartado 1, que corresponden al contencioso-administrativo.

Explicación: El artículo 14.4 establece que el riesgo operacional abarca el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Las opciones que limitan el riesgo solo a la demanda o solo al suministro son incompletas, y el riesgo financiero o de tipo de cambio no aparece en el texto.

Explicación: El artículo 16.2 dispone que, sin perjuicio de lo previsto para los programas de ordenador en la letra b) del apartado 3, no tienen la consideración de contrato de suministro los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables. Las demás opciones contradicen el texto o introducen un umbral inexistente en este artículo.

Explicación: El artículo 3.1.e) 2.º exige que el patrimonio esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos del sector público con carácter permanente. El 25 por ciento es una cifra inventada; la Ley habla de mayoría de derechos de voto (3.º), no de la totalidad; y una subvención puntual no es uno de los requisitos enumerados.